Desvelan un manuscrito del decreto que abolió la Inquisición hace doscientos años.

Escudo de la Inquisición

Escudo con los símbolos de la Inquisición en una fachada de Valladolid.

  • La Fundación Sierra-Pambley mostrará el archivo de las Cortes de Cádiz
  • El tribunal se restauró hasta su desaparición definitiva en el año 1834

Efe | León

Cuando se cumplen 200 años de la promulgación del primer decreto de la abolición en España la Inquisición, la Fundación Sierra-Pambley de León ha desvelado el hallazgo, relativamente reciente, en sus archivos de una copia manuscrita de este decreto, sancionado el 23 de febrero de 1813.

Este documento, que se encontraba entre los 300.000 que tiene esta fundación, fue localizado durante un inventario que se hizo hace dos años en la institución, si bien hasta ahora no había trascendido, según ha explicado en León el director del archivo, Javier González Cachafeiro.

Se trata de una copia manuscrita de este decreto, que llegó al archivo de la Fundación a través del leonés Felipe Sierra Pambley (1774-1823), diputado en las Cortes de Cádiz y secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda, bajo el reinado de Fernando VII. Este documento, que era uno con los que trabajó el político, forma parte del archivo de esta Fundación, que hoy dedica una jornada a este manuscrito, que lo exhibirá esta tarde por primera vez al público.

En la fundación, creada en 1887 y dedicada a la cultura y la educación, se encuentran otros documentos con los que trabajó el político relativos a la Inquisición, si bien ninguno de ellos describe un acontecimiento tan importante.

Febrero de 1813

En virtud de este decreto, firmado el 23 de febrero de 1813 en las Cortes de Cádiz, se pone fin al tribunal de la inquisición, ya que se considera que es incompatible con la Constitución

Esto no quiere decir que España no siga siendo ‘Católica, Apostólica y Romana’, es más la Constitución establece que las Cortes están obligadas a “proteger por leyes sabias y justas” esta religión “que los españoles tienen la dicha de profesar”, según consta en el manuscrito.

En este decreto, se suprime el “tribunal inquisidor” y se sustituye por un “tribunal eclesiástico“. Así, se critica que los inquisidores sean los “árbitros de la vida y honor de los españoles”, sin que ellos a su vez sean “responsables de los defectos ilegales que pudieran cometer”, teniendo en cuenta que son “hombres y por lo mismo estaban sujetos al error”.

“Los inquisidores gozaban de privilegios que la constitución niega a las autoridades y atribuye únicamente a la sagrada persona del Rey”, explica el decreto. Así, se decreta suprimir el tribunal de la inquisición, pero se deja “la vigilancia de las leyes” en manos de “arzobispos, obispos, cabildos, párrocos y demás eclesiásticos”, que se encargarán de “castigar” a “los obstinados que intenten insultar la religión y trastornar el estado”.

Cárceles secretas

Y es que, antes de este decreto, al acusado se le llevaba “a cárceles secretas, sin permitirles comunicar con padres, hijos, parientes y amigos hasta ser condenados o absueltos”; además ni siquiera “se le descubría en ningún caso el nombre del acusador o de los testigos que habían dispuesto contra él”. En el decreto, se alega que este método de juzgara la gente es “oscuro e ilegal”.

Según ha explicado la historiadora Ariadna González, que trabaja en la Fundación, el primer decreto por el que se deroga la inquisición data en 1813, pero luego se volvió a restaurar, y no fue hasta 1834 cuando se elimina definitivamente.

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