“El mito de la Inquisición ha devorado a la realidad”.

La revista ‘Andalucía en la Historia’ analiza el ominoso legado del Santo Oficio cuando se cumplen 200 años de su rechazo por parte de las Cortes de Cádiz.

FRANCISCO CAMERO

Imagen retocada (debido a las manchas de cal que presenta el original) del fresco ‘Auto de fe’ de Lucas Valdés que se conserva en la iglesia de la Magdalena de Sevilla, reproducido parcialmente en la portada del último número de la revista.

La Inquisición -“que cometió infamia tanta/ y fue tal su condición/ que habiendo sido una Santa/ murió en perversa opinión”, como rezaba un epitafio publicado porEl Redactor General– fue declarada “incompatible con la Constitución” por las Cortes de Cádiz hace ahora 200 años. Debido al singular empeño de Fernando VII, que la reinstauró, aún daría algunos “incontrolados” coletazos antes de “morir en la cama” en 1834, “abandonada” incluso por la Iglesia a excepción de sus jerarcas más reaccionarios, “molesta para la España liberal e incluso para la conservadora”; pero aquel decreto del 22 de febrero de 1813 supuso un extraordinario golpe simbólico a la institución creada en 1478 por los Reyes Católicos con la licencia papal de Sixto IV para nombrar ellos mismos -y no los dirigentes eclesiásticos- a los miembros de los tribunales. 

Esa efeméride es la que conmemora este mes Andalucía en la Historia. Hablamos de ello con el profesor de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba Manuel Peña Díaz, que desde la marcha de José Calvo Poyato y la posterior y breve transición a cargo de Carlos Martínez Shaw dirige esta revista que edita el Centro de Estudios Andaluces y que, en su último número conmemora sus diez años de reivindicación del “arte de la memoria” con “rigor y entusiasmo”. Junto a la Guerra Civil, el ominoso legado -material e inmaterial- de esos tribunales de la fe que impusieron la ortodoxia católica a sangre y fuego es el asunto de la Historia española que más libros ha suscitado fuera de nuestras fronteras, y por ese motivo la publicación celebra el bicentenario de aquella condena de las Cortes gaditanas -la primera que los españoles, convertidos en ciudadanos, pudieron expresar con carta de naturaleza jurídica- con un dosier en el que diversos expertos someten a reflexión algunos de sus aspectos cruciales.

Aunque se trata de un capítulo “muy estudiado, sobre todo a partir de la Transición”, explica el profesor, “ocurre también que el mito ha devorado a la realidad histórica”. No porque su obra merezca un análisis más indulgente, se apresura a matizar, sino porque en contra de algunas evidencias históricas, factuales, “sigue prevaleciendo la leyenda”. El Santo Oficio autóctono no fue ni el más longevo de cuantos operaron en Europa ni -según muchos historiadores- el más duro en su labor represiva; y sin embargo pervive, siglos después, asociado a una intolerancia y a unas tinieblas supuestamente intrínsecas de España. Para Peña Díaz, esto se debe por supuesto a la memoria de las víctimas, muchas de las cuales pudieron escapar a Holanda, Italia o Turquía, así como a la naturaleza “identitaria” que subyacía en una tarea que promovió “un cierto nacionalcatolicismo”; pero también a otro “elemento importante”, con peso específico dentro del monográfico de la revista, que desde el punto de vista de la historiografía es “novedoso”. “Se trata de la construcción de una memoria narcisista, simbólica, por parte de la propia Inquisición”, explica.

“La Inquisición fue presa de lo que dijo de sí misma. Por ejemplo, en los grandes autos de fe no se quemó a nadie, y esa asociación se debe en parte a la propia Inquisición. Mató mucho; mucho. Pero incluso cuando dejó de hacerlo de manera tan intensa, incluso cuando dejaron de organizarse autos de fe públicos para hacerse a puerta cerrada en las iglesias, se vendían relaciones, periódicos entre comillas, donde se explicaban esos autos porque la Iglesia quería mantener viva esa memoria, su condición de vigilante de la ortodoxia”. Hay además, añade, una cualidad que “singulariza muchísimo” a la Inquisición española respecto a las que actuaron en otros estados europeos, como las de Portugal o Francia, que “dependían exclusivamente de autoridades eclesiásticas”. No fue el caso de España. “¿Qué era la Inquisición, un tribunal eclesiástico o político?”, se pregunta: “Era un tribunal religioso para velar por la fe en tanto que atributo de la identidad de los españoles”. En la rama española del Santo Oficio, “lo sagrado y lo profano se mezclaban: un rey no podía serlo si no lo era por la gracia de Dios, precisaba de la legitimidad última divina, necesita a sus fieles que a la vez eran súbditos, y un delito era pecado y el pecado podía ser también delito. Las jurisdicciones se mezclaban y superponían constantemente”, dice el director de Andalucía en la Historia sobre esta peculiaridad española, que tiene que ver con “los orígenes mismos” de la Inquisición y constituye un debate fundamental y aún hoy “no cerrado” entre los historiadores. Además, incluso en sus diferentes encarnaciones bajo la monarquía española, advierte el especialista, tampoco cabe hablar de “una única Inquisición”. “Fueron muchas inquisiciones: no fue lo mismo en tiempos de los Reyes Católicos o de Felipe II, que con Felipe IV o Carlos III, que le quitó mucho poder y ámbitos de actuación para dárselos a la justicia civil”.

En cualquier caso, antes de entrar en decadencia y atravesar profundas crisis desde mediados del siglo XVII, fruto en gran medida de “tensiones internas”, de luchas intestinas por el control de la institución por parte de distintas órdenes religiosas, el Santo Oficio dejó un legado de infamia, violencia y cerrilismo que es difícil cuantificar. Sólo entre 1480 y 1530, su época más virulenta, unas 60.000 personas fueron condenadas por sus tribunales, “pero son datos orientativos y nada fiables”. Se ha hablado mucho de las torturas, pero sin pretender relativizar su magnitud, el profesor lamenta que otras penas que se imponían en abundancia, mucho más tras ese periodo de horrible esplendor, “parezcan menores”, como el destierro, que destrozaba a familias enteras; o, “muchas veces en función de las necesidades de la monarquía”, el envío a galeras, donde tantas vidas reventaron; así como la confiscación de bienes o el sambenito, que “inhabilitaba no sólo al condenado sino también a sus descendientes”. Su condición de amenaza invisible y ubicua, el miedo sin fin a la denuncia anónima, el desconocimiento incluso de la (supuesta) herejía que se había (supuestamente) cometido, todo ello contribuyó en su época de auge a perfeccionar uno de los más hondos abismos morales abiertos por la Inquisición, concluye Peña Díaz recordando lo que dijo Unamuno: el cierre del círculo perfecto en el cual, por haber interiorizado tanto ese discurso, por el puro miedo a ser delatadas, por haber, las propias víctimas se convertían con tanta frecuencia, ellas mismas, en los inquisidores.

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