Doce años en la cárcel por un muerto que estaba bien vivo

La vuelta de un desaparecido al que se creía asesinado reveló en 1926 un lamentable error judicial

Fotograma de la película «El crimen de Cuenca»
Fotograma de la película «El crimen de Cuenca»
Mónica Arrizabalaga

«Sin cadáver no hay delito». En España aún hay reticencias a condenar por un homicidio si no se halla el cuerpo, quizá en recuerdo de un famoso error judicial cometido a principios del siglo XX. Dos hombres cumplieron 12 años de prisión acusados del asesinato de un desaparecido que apareció, vivo y coleando, en un pueblo cercano. El caso fue muy sonado en la época y tiempo después fue llevado a las pantallas de cine de mano de Pilar Miró. Seguro que lo recuerdan. Fue el famoso «crimen de Cuenca».

El pastor José María Grimaldos, vecino de Tresjuncos, prestaba sus servicios en 1910 en una finca conocida por Casa de la Vega, entre su pueblo y Osa de la Vega. En agosto de aquel año vendió unas ovejas y desapareció de repente, como si le hubiera tragado la tierra. Los vecinos, extrañados por su súbita ausencia, se dejaron llevar por un rumor que poco a poco se fue extendiendo y se tomó por cierto: José había sido asesinado. Las sospechas de todo el pueblo recayeron entonces en las dos últimas personas que le vieron con vida, dos pastores como él llamados León Sánchez Gascón y Gregorio Contreras.

La familia del desaparecido presentó una denuncia en el Juzgado de Belmonte y éste investigó la desaparición, pero no encontró ninguna prueba de su muerte. Pasado un tiempo, fue destinado a Belmonte un nuevo juez, Emilio Isasa Echenique, y los familiares de Grimaldos removieron de nuevo el asunto. El juez recién llegado reabrió el caso, influido por la obsesión de un diputado conservador conquense contra los dos hombres «señalados», a quienes consideraba responsables del voto favorable a la izquierda en su pueblo.

Una confesión arrancada a la fuerza

En 1913, estos dos pastores, amigos y vecinos de Osa de la Vega, fueron detenidos por la Guardia Civil y acusados del asesinato de Grimaldos. Aunque negaron en todo momento haber cometido ningún crimen, agentes de la Benemérita les arrancaron con violencia una confesión en la que afirmaron haberle matado en la noche del 21 de agosto de 1910 con el propósito de robarle. Llegaron a declarar que trocearon su cadáver y lo echaron a los cerdos. Hasta la mujer de Gregorio acusó a su marido, creyendo que en efecto había habido crimen, para salvarse de la cárcel y poder seguir atendiendo a sus hijos.

La defunción de Grimaldos se inscribió en el Registro Civil de Osa de la Vega con fecha de 11 de noviembre de 1913, haciendo constar que «la muerte se produjo entre las ocho y media o nueve de la noche del día 21 de agosto de 1910 en el Palomar de Virgen de la Vega a consecuencia de haber sido asesinado por Gregorio Valero y León Sánchez». Una nota añadía: «No ha podido ser identificado el cadaber (sic) por no haber sido hallado».

Aunque no había cuerpo ni se habían encontrado restos del pastor desaparecido y pese a que los procesados negaron en el juicio sus anteriores declaraciones, se les consideró autores de un delito de homicidio. «Ambos dieron muerte a José María Grimaldos, en acción conjunta y provistos de garrote y cuchillo», resolvió el jurado tras apenas media hora de deliberación.

Los acusados fueron condenados por la Audiencia Provincial de Cuenca en mayo de 1918 a 18 años de cárcel. Gregorio Valero fue internado en la prisión de San Miguel, de Valencia, y León Sánchez a la Central de Cartagena. Los dos cumplieron sus condenas aunque, gracias a algunos indultos, salieron en libertad en julio de 1924.

Al cabo de dos años, llegó la tardía sorpresa. ¡Grimaldos estaba vivo, y bien vivo! El párroco del pueblo de Mira, en la misma provincia, envió una carta al cura de Tresjuncos en la que pedía la partida de bautismo de José María Grimaldos porque iba a contraer matrimonio. El sacerdote se quedó asombrado. ¿No era Grimaldos el pastor asesinado y echado a los cerdos? ¿No habían pasado dos hombres doce años en presidio por su muerte? Pensó que debía tratarse de un error, pero pronto se confirmó. Grimaldos vivía en Mira y se iba a casar. Dos hombres habían pasado doce años en la cárcel por un delito que no cometieron porque no hubo delito ninguno.

¿Cómo no se enteró de nada de lo que ocurría Grimaldos? ¿Como nadie le dijo lo que pasaba? ¿Dónde estuvo durante ese tiempo? ¿Qué hizo? ¿Es posible no enterarse de que a uno le consideran asesinado y de que dos hombres habían ido a la cárcel por su muerte?, se preguntaba el diario «El Liberal».

Grimaldos explicó al juez que el 21 de agosto de 1910 «ni se despidió de su amo ni se llevó su ropa porque se iba a los baños de La Celadilla con ánimo de volver a los pocos días». Después decidió trasladarse a Camporrobles, en Valencia, donde siguió trabajando unos años como pastor o en la vendimia. Desconocía que León y Gregorio habían sido condenados por su muerte. Del primero aseguró que «siempre fue bueno con él» y del segundo, que apenas lo había tratado. Manifestó, además, que había escrito una carta siete u ocho años atrás a su hermana, pero no recibió respuesta. «Lo sorprendente es que se sabe que esa carta llegó a su destino. Y nadie dijo nada», apuntó Natividad Pulido en un artículo en 2014.

Los dos inocentes fueron rehabilitados en marzo de 1926. El Ministerio de Gracia y Justicia dictó una Real Orden en la que sostuvo que había «fundamentos bastantes» para estimar que la confesión de León y Gregorio «había sido arrancada en el sumario mediante violencias inusitadas» y que habían existido «descuidos e infracciones procesales» durante la tramitación de la causa. En el escrito se ordenaba al fiscal que interpusiera un recurso de revisión ante el Supremo.

En un libro editado por el Alto Tribunal en 2014 en el que recordó éste y otros procesos célebres seguidos en sus doscientos años de historia, se indica que el Supremo interpretó de forma flexible por primera vez este recurso. Aunque para interponerlo los condenados debían estar en la cárcel, señaló en su sentencia que repugnaba a la conciencia negar al que cumplió una condena injusta la íntima satisfacción de verse rehabilitado. «En un proceso fallado con error evidente, la revisión es más humana, más necesaria y más conforme a los fines sociales y de justicia».

A raíz de esta sentencia, se intentaron depurar responsabilidades, con escaso éxito. El juez de instrucción falleció en julio de 1926. Se dijo que murió de una angina de pecho, pero después se supo que se había suicidado. El forense que asistió a los detenidos durante su declaración ante la Guardia Civil y que indicó en un certificado que no presentaban signos de violencia, fue absuelto. Tampoco fueron condenados finalmente los tres guardias civiles que les tomaron declaración y el secretario judicial, que habían sido acusados de amenazas, coacciones y falsedad.

Los protagonistas de este lamentable error obtuvieron un empleo como guardas del Ayuntamiento de Madrid y en julio de 1935 el Gobierno les concedió una pensión vitalicia de 3.000 pesetas anuales con un efecto retroactivo de cinco años. «Al cabo de tantos años, ante lo irreparable de nuestro calvario, y después de bien probada nuestra inocencia, ni mi compañero ni yo queríamos que por culpa nuestra se castigase a nadie. Por lo que a mí respecta, las pesetas que se nos dan las acojo con cariño porque sirven para aliviar la situación económica de mi casa», afirmó Gregorio en «Mundo Gráfico».

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