El lobo queda protegido en toda España: hasta 2 millones de multa por cazarlo

 

Con la entrada en vigor, hoy miércoles, de la normativa con la que el lobo queda protegido en el conjunto del país, concluye la batalla librada entre partidarios y detractores de esta media. Los conservacionistas han felicitado al Gobierno, mientras los ganaderos anuncian movilizaciones. De momento, cazar lobos en cualquier parte de España puede acarrear fuertes multas.

La prohibición, desde este mismo miércoles, de cazar lobos ibéricos en cualquier punto de España al haber quedado incluida en la lista de especies protegidas, lleva aparejada para los infractores multas de hasta dos millones de euros o, en caso de incurrir en infracción penal, hasta dos años de prisión.

La inclusión de los cánidos que viven al norte del Duero en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) permite que no solo su muerte sea sancionada, sino también su comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizada, según la reglamentación dada a conocer por la agencia Efe.

En todos esos casos se incurrirá en una sanción muy grave (200.001 a 2.000.000 de euros, con independencia de que las autonomías puedan aumentar el importe) si con esa acción el infractor ha obtenido unos beneficios que superen los 100.000 euros.

Si no se consigue acreditar esos beneficios mínimos, la infracción es grave y la multa oscilará entre 3.001 y 200.000 euros.

En la imposición de esas sanciones se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, valorando criterios como la magnitud del riesgo que supone la conducta infractora y su repercusión; la cuantía, en su caso, de los daños ocasionados; su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas o bienes protegidos por esta ley o el grado de intencionalidad apreciable.

En los supuestos en los que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento.

Pena de prisión

En este caso, la referencia está en el artículo 334 del Código Penal en base al cual será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo la normativa, cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre.

También se someten a esas penas los que trafiquen con ellos, sus partes, derivados de las mismas o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración.

La misma infracción penal se impone a quien destruya o altere gravemente el hábitat de la especie.

En el caso de que esa destrucción del hábitat del lobo no alcance la vía penal, se queda en una multa que oscilará entre los 3.001 y los dos millones de euros en función de la gravedad.

Además de esas sanciones penales o administrativas, el infractor deberá reparar el daño causado o indemnizar por los perjuicios que no pueden ser reparados según lo establecido en la Ley de Responsabilidad Medioambiental.

Críticas unánimes de los ganaderos
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han acusado al Gobierno de “condenar a la ganadería a su extinción” al incluir al lobo ibérico como especie protegida, mientras que Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha lamentado que la protección se haga a costa del “ninguneo” de los productores.

En un comunicado conjunto, Asaja, COAG y UPA han criticado que el Ejecutivo haya “incumplido” su compromiso con ellas y haya tomado una medida “urbanita e irresponsable, que causará dolor y pérdidas económicas en el medio rural”.

Los ganaderos han pedido la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, cuyo departamento ha tomado una decisión “tendenciosa e ideológica, basada en la falsedad de que el lobo está amenazado en España”.

A su juicio, la ministra y su equipo han “faltado a su palabra”, puesto que se comprometieron a negociar el protocolo de gestión de la especie antes de adoptar esa medida.

Además, han instado a las comunidades autónomas con presencia de lobo a proteger a sus ganaderos y animales, y han anunciado que están preparando movilizaciones en todas las zonas afectadas.

Las organizaciones ecologistas y conservacionistas, en cambio, han aplaudido la medida, al considerar que ayudará a garantizar la supervivencia de la especie.

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